Berliner Volks-Zeitung - Condenan a la cementera francesa Lafarge por "financiación del terrorismo" en Siria

En una dura sentencia, la justicia impuso seis años de prisión, con encarcelación inmediata, para el exdirector ejecutivo Bruno Lafont y multas de casi 5,7 millones de euros (6,65 millones de dólares) para la empresa y cuatro exdirectivos.

En 2022, la empresa francesa ya fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 778 millones de dólares, tras declararse culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones consideradas "terroristas" por Washington.

En su sentencia, el tribunal de París consideró que Lafarge pagó cerca de 5,6 millones de dólares en 2013 y 2014, a través de su filial Lafarge Cement Syria (LCS), a grupos e intermediarios yihadistas para mantener en actividad su planta de Jalabiya, en el norte de Siria.

Para preservar sus intereses económicos en una Siria que abandonaban el resto de multinacionales, la empresa realizó pagos a tres organizaciones yihadistas, entre ellas el Estado Islámico (EI), lo que les permitió "preparar atentados terroristas", en particular los de enero de 2015 en Francia, agrega.

"Esta forma de financiación de las organizaciones terroristas, y principalmente del Estado Islámico, ha sido fundamental para que la organización terrorista se hiciera con el control de los recursos naturales de Siria", subrayó la presidenta del tribunal, Isabelle Prévost-Desprez.

La empresa, absorbida más tarde por la suiza Holcin, estableció una "asociación comercial con el EI", afirmó la magistrada, que hace hincapié en la elevada cantidad abonada.

Durante el juicio celebrado entre noviembre y diciembre, la defensa trató de desmentir que su fábrica en Jalabiya permaneció activa por razones puramente financieras, en detrimento de la seguridad de su millar de empleados.

"Podíamos lavarnos las manos e irnos, pero ¿en qué situación habrían quedado los empleados de la fábrica si nos hubiéramos marchado?", sostuvo Christian Herrault, exdirector general adjunto de Lafarge. "Teníamos que elegir entre dos malas soluciones, la peor y la menos mala", agregó.

Este sistema preveía el pago de dinero para financiar la adquisición de insumos destinados a la producción de cemento y para asegurar los "pagos de seguridad" y permitir que los empleados de la cementera y las mercancías pudieran pasar los puestos de control en la región.

- Recurso anunciado -

Por estos hechos, ocho exresponsables de la cementera recibieron penas que van de 18 meses a siete años de prisión. El tribunal decretó la encarcelación inmediata para Bruno Lafont y Christian Herrault, condenados a seis y cinco años de cárcel respectivamente.

El director ejecutivo de Lafarge de 2008 a 2015, de 69 años, fue detenido en la sala del tribunal y llevado de inmediato por la policía. Su abogada, Jacqueline Laffont, anunció a la prensa que recurrirá inmediatamente la sentencia y denunció una orden de ingreso en prisión "injustificada".

La fiscalía nacional antiterrorista consideraba que Bruno Lafont estaba perfectamente informado y que dio "directrices claras" para mantener la actividad de la fábrica, "una elección puramente económica, de un cinismo alucinante".

Pese a los millones desembolsados, la fábrica de Jalabiya fue finalmente evacuada por Lafarge de forma urgente y en la más absoluta imprevisión el 18 de septiembre de 2014, ante el avance del EI. Al día siguiente, cayó en manos de los yihadistas.

Algunas víctimas de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, que mataron a 130 personas en París y sus alrededores, se personaron como acusación particular, al considerar que este caso era uno de los "engranajes" que ensangrentaron Francia esos años.

E.Bock--BVZ